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Res. 25/2020 y 27/2020 de la IGJ: Adecuación de los Clubes de Campo y Conjuntos Inmobiliarios.

22 de mayo de 2020

A través de las Resoluciones RG 25 y 27/2020, dictadas el 18 y 22 de Mayo del corriente año respectivamente, la nueva conducción de la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió otorgar un plazo de 360 días a todos los Clubes de Campo y a todo otro conjunto inmobiliario organizado bajo forma de sociedad comercial o asociación civil -registrado en CABA- para que adecuen su estructura a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, de conformidad con lo dispuesto por el Art.2075 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

En sentido es dable recordar que el precitado artículo en forma expresa establece que:

Para aquellos que fueren a constituirse luego de la entrada en vigencia del nuevo código: «todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial», y

Respecto de aquellos preexistente a la entrada en vigencia del «nuevo código»: «Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real«.

La controversial normativa preve la aplicación de multas para los administradores (directores y síndicos) en caso de que no se acredite la adecuación en el plazo establecido, admitiéndose como excepción a esta obligación cuando la demora estuviere vinculada por el normal cumplimiento de este tramite.

En este sentido advertimos que, mas allá de los eventuales embates y/o cuestionamientos que pudieran sufrir las normas en cuestión respecto de su legalidad, será vital el rol y la actuación de los registros de la propiedad y de los escribanos intervinientes.

Ademas, en las resoluciones en comentario se advierte que el organismo de contralor no inscribirá trámites relacionados con estos entes, especialmente aquellos que tiendan a desvirtuar los fines la norma (v.gr. traslado de jurisdicción)

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