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Informe sobre las reformas normativas introducidas por la nueva conducción de la IGJ

29 de marzo de 2020

Como consecuencia del cambio de gobierno, se ha designado al Dr. Ricardo A. Nissen como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (I.G.J), entidad que se encarga de controlar a las sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, que tienen su domicilio legal en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

La designación del Dr. Nissen ha generado, en forma casi inmediata, una serie de reformas en las normas de la entidad, que llevan su impronta y eran de esperar, a la luz de su experiencia al frente de este mismo organismo durante el período 2003-2005.

La primera reforma adoptada por la “nueva” conducción se encuentra relacionada con la forma y el proceso de constitución de Asociaciones Civiles. Así a través de la Resolución General 1/2020 el Dr. Nissen dispuso, en consonancia con lo que establece el Artículo 289 del “nuevo” Código Civil y Comercial de la Nación, una nueva y alternativa modalidad de constitución e inscripción de esta clase de entidades. En efecto, a partir de la vigencia de esta nueva resolución las personas humanas podrán formalizar la constitución de las asociaciones civiles no solo a través de escrituras públicas, sino también a través de intervención directa de la Inspección General de Justicia.

En este sentido la resolución dispone que, a los efectos de la formalización de las AC, los constituyentes deben presentar a la IGJ un “proyecto del acta de constitución o fundacional”, el que una vez aprobado por la IGJ será elevado como “acta fundacional definitiva”, ante la presencia y con la intervención y firma de un inspector de la IGJ -en el lugar y oportunidad indicados en el proyecto- quien en su condición de funcionario público y en ejercicio de sus funciones, formalizará el instrumento de constitución receptando la definitiva declaración de voluntad de los constituyentes.

Esta nueva modalidad de constitución implica un proceso de  inscripción simplificado y menos costoso que el que supone cuando se instrumenta mediante escritura pública. Ademas agilizará el proceso para el otorgamiento de la autorización para  funcionar como persona jurídica.

La segunda reforma dispuesta por el Dr. Nissen es la que refleja la Resolución General 2/2020, que deroga en su totalidad la Resolución General 6/2018 y restablece la vigencia y operatividad de todas las normas que esta última resolución había derogado vinculadas con la inscripción, control y actuación de las sociedades extranjeras en nuestro país.

Así las cosas, la IGJ vuelve a exigir y restaura la obligación por parte de este tipo de sociedades de acreditar al momento de solicitar su inscripción:

(i) que la sociedad no tiene en su lugar de constitución, registro o incorporación, vedado o restringido el desarrollo de todas sus actividades o la principal o principales de ellas,

(ii) que su actividad empresarial económicamente significativa y que el centro de dirección de la misma se encuentra fuera de la República Argentina,

(iii) la individualización de sus socios, y –en el caso que corresponda- (iv) manifestar en forma expresa la condición de sociedad «vehículo».

Además, la resolución en cuestión restablece:

(i) la obligación de cumplir con el régimen informativo anual (RIA),

(ii) la obligación de que los actos de las sociedades deben ser cumplidos por su representante legal inscripto o en su defecto por un apoderado designado como tal exclusivamente por dicho representante, y

(iii) todo el régimen vinculado con las sociedades denominadas “off shore”.

Finalmente introduce como novedad e impone como obligación que, todos los representantes de sociedades extranjeras -estén estas inscriptas en los términos del art 123 o del 118 de LGS- deberán constituir una garantía mínima de $500.000, que deberán mantener vigente hasta la cancelación de su inscripción como tal, con más un plazo adicional de tres (3) años.

La constitución de la garantía deberá acreditarse al momento de solicitar la inscripción del representante legal, o en el caso de aquellos cuyo mandato se encuentre vigente, al momento de realizar la primera presentación del régimen informativo anual (RIA)

La tercera modificación adoptada por esta serie de reformas vino dada por la Resolución General 3/2020, y se encuentra vinculada con la individualización de los socios y/o accionistas y de sus tenencias accionarias en oportunidad de realizar la publicación legal que prescribe el Art. 10 de la LGS.

En efecto la resolución bajo análisis impone a las sociedades por acciones, a las SRL y a las SAS, la obligación de incluir en el Edicto, tanto al momento de constituir como ante cada aumento o reducción de capital, la cantidad detallada de cuotas o acciones que se emiten, con indicación de sus características y clases, participación y titularidad de los socios y/o accionistas sobre estas, ya sea con suscripción efectiva de cuotas o acciones y/o cuando éstas sean liberadas por capitalización de ganancias o reservas libres. Además, también se establece la obligación de publicar edicto en los casos de cesión de cuotas.

Por su parte, siguiendo criterios adoptados en su anterior etapa al frente de la IGJ respecto de la conceptualización del objeto social y la cifra mínima del capital social, el nuevo titular de la IGJ derogó, mediante la Resolución General 5/2020, la Resolución General IGJ N° 8/2016 y restableció la vigencia de los artículos 66 y 67 de la Resolución General IGJ N° 7/2005 incorporando los términos de los mismos bajo los numerales 67 y 68 a la Resolución General IGJ N° 7/2015.

Este resolución restablece como condición, para que la inscripción de una sociedad tenga lugar, que: (i) su objeto social debe ser único, preciso y determinado, y (ii) la cifra del capital social debe guardar relación con la naturaleza o las características de las actividades comprendidas en el objeto social.

Además la IGJ recobra la facultad para exigir la adecuación del capital social cuando advierta que la cifra fijada en el acto constitutivo fuere insuficiente para cumplir el objeto social.

Este “paquete” de reformas, que llevan el evidente sello del nuevo titular, continua con la Resolución General 9/2020, mediante la cual se establece: (i) un procedimiento para controvertir las observaciones que el organismo realice vinculadas con la cifra del capital social, y (ii) una serie de modificaciones a la Resolución General 7/2017 que regula a las sociedades por acciones simplificadas (SAS).

Sobre este último aspecto los cambios más significativos son los siguientes:

1- Cualquiera sea la cifra del capital social, en ningún caso podrá imputarse a la integración de éste los gastos de inscripción en el Registro Público de la constitución de la sociedad o del aumento de su capital social.

2- Al igual que para las S.A y SRL, los administradores titulares de las SAS deberán constituir una garantía de conformidad con lo prescripto por los Arts. 76 y 119 de la Resolución General 7/2015.

3- La previsión de un órgano de fiscalización es optativa mientras el capital social no alcance la cifra prevista en el artículo 299 inciso 2° de la LGS. En este mismo sentido se establece que cuando se prescinda del referido órgano, el estatuto social deberá prever y garantizar en plenitud el derecho de información reconocido por el primer párrafo del artículo 55 de la LGS, previendo y reglamentando expresamente el acceso directo por medios digitales de los socios a todas las constancias de los libros. Además, cuando el capital social alcance la cifra prevista en el art. 299 inc. 2 de la LGS, será necesaria la reforma del estatuto y establecer un órgano de fiscalización o sindicatura, que podrá ser unipersonal -con un suplente- o bien designar un consejo de vigilancia.

4- A partir del 30/06/2020 las SAS deberán presentar ante la IGJ por medios digitales sus EE.CC dentro de los 15 días posteriores a la celebración de la reunión del órgano de gobierno que los haya aprobado, la que deberá ser realizada en forma presencial o en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 53 de la ley 27.349 dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio económico.

5- La IGJ podrá verificar, en el momento de constitución o cuando se apruebe una reforma o cuando se realice cualquier otro acto de inscripción, que en las estipulaciones que se convengan o aprueben se observen, según los casos y objeto de las registraciones, los extremos siguientes:

-Que las mismas no contravengan la letra y/o principios emergentes del artículo 13 de la LGS.

-Que no supriman, limiten o dificulten el derecho contemplado en el artículo 69 de dicha ley y el derecho a obtener previamente la copia de los estados contables a ser considerados en la respectiva reunión del órgano de gobierno.

-Que contemplen la constitución de reservas facultativas bajo los recaudos del artículo 70 de la LGS.

-Que contemplen la emisión de las acciones con prima cuando ésta resulte obligatoria de conformidad con la Resolución General IGJ N° 7/2015.

-Que no supriman o limiten el ejercicio del derecho de suscripción preferente ni el de acrecer, sin perjuicio de lo dispuesto el artículo 197 de la LGS y de la posibilidad de estipular recaudos de comunicación a los socios y plazos de ejercicio del derecho que no lo dificulten irrazonablemente.

-Que tampoco lo hagan respecto al ejercicio del derecho de receso para los mismos supuestos contemplados para las sociedades anónimas por la de la LGS.

-Que no excluyan la aplicación de las causales de resolución parcial que surgen de la LGS, sin perjuicio de poderse contemplar otras conforme al artículo 89 de la misma.

-Que en cuanto al valor de receso, al valor de reembolso en cualquier otro supuesto de resolución parcial y al valor de adquisición en caso de ejercerse derecho de preferencia, se contemple su determinación en condiciones que no conlleven apartamiento del valor real de la participación social, computándose bienes intangibles o inmateriales, y se contemple con carácter inmediato como pago mínimo a cuenta el del valor patrimonial proporcional de las acciones.

-Que regulen el derecho de impugnación de resoluciones sociales.

-Que regulen la elección de administradores por voto acumulativo o clase de acciones cuando proceda de acuerdo con la forma de organización del órgano de administración.

-Que la modificación y/o supresión de cualquiera de los derechos esenciales anteriormente señalados sólo pueda ser aprobada por el voto unánime, computado sobre el total del capital social y confiriéndose derecho a un (1) voto a aquellos socios que conforme a las condiciones de emisión de su clase de acciones carezcan del mismo para otros supuestos.

-Que contemplen la aplicabilidad de aquellas disposiciones legales y/o reglamentarias que frente a determinados actor prevean un derecho de oposición en favor de terceros.

La última de las reformas introducidas por el nuevo titular de la IGJ es la plasmada en la Resolución General 11/2020, y se encuentra vinculada con la posibilidad de que los acuerdos sociales se adopten en asambleas o reuniones realizadas a distancia valiéndose para ello de medios o plataformas digitales o informáticas.

Así las cosas, mediante esta resolución la IGJ admite la inclusión de cláusulas estatutarias que prevean la celebración  de asambleas y reuniones a distancias a través de medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, estableciendo para su validez los siguientes requisitos:

1- La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones;

2- La posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video;

3- La participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso;

4- Que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital;

5- Que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite;

6- Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social.

7- Que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación.

Esta resolución fue tomada teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y es de carácter transitoria, en tanto subsistirá mientras dure la prohibición de circulación y el “aislamiento obligatorio», y resulta aplicable para reuniones del órgano de administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia, aun cuando el estatuto social no contenga cláusula que así lo habilite.

Para mas información comunicarse con:
Santiago Casares - scasares@clariatrevisan.com.ar

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